Reactivamos la economía después del COVID-19 en nuestro hogar

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Mientras dura la pandemia del coronavirus (COVID‑19), Gobiernos y servicios de emergencia están centrados en las necesidades inmediatas: aumentar la capacidad de los hospitales, hacer frente al hambre y proteger a familias y empresas frente a desalojos y quiebras. Buena parte de los fondos que en estos momentos fluyen desde el Banco Mundial, el FMI, otros bancos regionales de desarrollo o los bancos centrales se destinan a proporcionar recursos para equipos de protección en los hospitales, estabilizar las instituciones financieras, pagar a las empresas para que suministren bienes y servicios a los trabajadores esenciales o prestar apoyo monetario directo a los hogares.

Al mismo tiempo, en algunos países se han iniciado ya los trabajos preliminares sobre cómo debe ser la próxima fase de recuperación y sobre la función que debe desempeñar una acción pública enérgica para impulsar la demanda, proporcionar ingresos de sustitución y facilitar nuevas inversiones. En un artículo anterior señalamos que la fase de recuperación puede ayudar a crear prosperidad y resiliencia al contribuir al potencial de los países en su camino hacia el desarrollo, así como a su sostenibilidad a largo plazo. Algunos países transmiten señales alentadoras, entre ellos China (i), Alemania (i) y Corea del Sur (PDF, en inglés), donde los factores medioambientales se están considerando como parte de la recuperación.

Las decisiones que tomen los Gobiernos para volver a poner en marcha su motor económico —entre ellas las referidas a los beneficios sociales, económicos y ambientales combinados a largo plazo que tratan de lograr mediante sus inversiones de estímulo— tendrán repercusiones trascendentales a la hora de garantizar que se pueda volver a construir mejor y con mayor solidez.

Una lista de verificación de la sostenibilidad

Son muchos los factores que los Gobiernos deben sopesar a la hora de elaborar su paquete de estímulos: las necesidades inmediatas, la capacidad institucional local, las condiciones del mercado, el margen de maniobra para obtener préstamos y el legado de las decisiones de inversión en infraestructura adoptadas en el pasado. Otros criterios que se deben evaluar en las intervenciones o inversiones de estímulo son su potencial de creación de empleo, el tiempo que lleva la puesta en marcha del proyecto, la posibilidad de que los fondos públicos ayuden a movilizar financiamiento privado para seguir apoyando un proyecto y el impacto en la trayectoria del carbono a largo plazo del país.